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Aumentan los espacios videovigilados en la provincia de Valencia

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El número de espacios videovigilados en la provincia de Valencia se ha visto incrementado en los dos últimos años, concretamente en un 63,3 %.

El mayor aumento en la instalación de este tipo de dispositivos se ha producido en comercios y comunidades de propietarios, con fines de seguridad.

Existen por otra parte los ficheros de titularidad pública, por ejemplo los registrados por FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), los cuales tienen instaladas un número total de 1.432 cámaras, distribuidas en estaciones, talleres, trenes y tranvías.

La seguridad y la vigilancia, en ningún modo resultan incompatibles con el derecho a la protección de la imagen, considerado como dato personal, lo cual exige respetar siempre la normativa existente en materia de protección de datos.

Así, la INSTRUCCIÓN 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos obliga a los responsables de este tipo de sistemas a cumplir con el deber de información previsto en el Artículo 5 de la Ley de Protección de datos, colocando los correspondientes carteles informativos, y las imágenes, podrán ser solicitadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando así lo requieran. Igualmente, las imágenes se deben eliminar en el plazo máximo de un mes desde su captación.

Nunca hay que olvidar que la utilización de sistemas de grabación, debe ser proporcional al fin que se persigue, y en todo caso, deberá ser legítimo.

El debate se encuentra abierto: ¿derecho a la intimidad o seguridad?

Si necesita mayor información, puede dirigirse a nuestro apartado http://www.movalen.com/videovigilancia-y-la-proteccion-de-datos.

¿Vivimos en ciudades hipervigiladas?

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¿Qué es la videovigilancia?

Según los términos recogidos por la Real Academia Española, es aquélla vigilancia que se realiza a través de un sistema de cámaras, ya sean fijas o móviles.

La imagen, entendiéndose como la figura o representación de una persona, se encontraría dentro de lo que definimos como dato de carácter personal, y por tanto, amparada bajo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos, así como en su normativa de desarrollo. De hecho, el Artículo 3 de la LOPD, define como dato personal «cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables».

Por tanto, aquéllas imágenes que sean recogidas por videocámaras, deberán estar reguladas por la normativa vigente en protección de datos. El uso de las mismas debe seguir ciertas reglas que rigen todo el proceso desde su captación, almacenamiento, reproducción y cancelación, siempre garantizando los derechos del afectado.

La instalación de este tipo de dispositivos se ha disparado en los últimos años, y lo cierto es que resulta difícil conocer el número exacto de cámaras que puede haber instaladas en toda una ciudad.

Protección de datos impone nuevas sanciones a la compañía Telefónica.

 

Hace unas semanas, la Audiencia Nacional procedió a ratificar dos sanciones graves impuestas por la Agencia Española de Protección de datos a la compañía Telefónica Móviles España, por un total de 100.000 euros.

Los hechos se produjeron cuando una usuaria de Zaragoza interpuso un escrito ante la AEPD denunciando que la referida compañía había dado de alta dos líneas móviles a su nombre, incluyéndola posteriormente en un fichero de morosos por supuesto impago de facturas.

La sentencia dictada se basa en la falta de consentimiento de la afectada para el tratamiento de sus datos, no tomando además en consideración la grabación aportada por la empresa, ya que no queda acreditada la participación de la denunciante en la contratación de los servicios.

Por otra parte, Telefónica deberá pagar 20.000 euros al imputar a una usuaria residente en un pueblo de La Coruña una deuda de 155 euros e incluirla igualmente en un fichero de morosidad.

Al igual que en el caso anterior, la afectada negó haber contratado servicio alguno con la compañía. Aunque la entidad presentó copia del contrato en el cual figuraba su DNI y dirección, la firma no coincidía con la que figuraba en el documento de identidad original.

En este caso, la sentencia apunta a una vulneración sobre el principio de calidad de datos, no figurando en modo alguno tampoco el consentimiento inequívo de la afectada para el tratamiento de sus datos de carácter personal.

Para una mayor información sobre la Ley de Protección de datos, puede consultar nuestra web, www.movalen.com.

Derechos ARCO, generalidades y especifidades

agencia española proteccion datosEn primer término señalar, que los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición) son personalísimos e independientes, es decir, que no puede entenderse que el ejercicio de ninguno de ellos sea requisito previo para el ejercicio de otro, y que serán ejercitados por el propio interesado acreditando su identidad, salvo excepciones. Así por ejemplo, podrán ejercitarse por el representante legal del afectado, en cuyo caso será necesario acreditar tal condición, cuando el afectado se encuentre en situación de incapacidad o minoría de edad que le imposibilite el ejercicio personal de estos derechos.

Del mismo modo, podrán ejercitarse a través de representante voluntario, expresamente designado para el ejercicio del derecho. En ese caso, deberá constar claramente acreditada la identidad del representado, mediante la aportación de copia de su DNI o documento equivalente, y la representación conferida por aquél.

Es importante destacar, que estos derechos podrán ser denegados cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del afectado y no se acreditase que la misma actúa en representación de aquél. Así mismo, deberá concederse al interesado un medio sencillo y gratuito para el ejercicio de los mismo.

Por tanto, la regla general establece que el ejercicio de los derechos ARCO deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al Responsable del fichero, que contendrá:

Nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes; así como el documento o instrumento electrónico acreditativo de tal representación. La utilización de firma electrónica identificativa del afectado eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente. Petición en que se concreta la solicitud. Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante. Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.

Protección de datos sanciona a Google con 900.000 euros por vulnerar gravemente los derechos de los ciudadanos

googleEl director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez Álvarez, ha dictado una Resolución que pone fin al procedimiento iniciado a la empresa Google en relación con la compatibilidad de su política de privacidad y las condiciones de uso de sus servicios con la normativa española de protección de datos.

La Resolución concluye declarando la existencia de tres infracciones graves de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), impone a Google una sanción de 300.000 euros por cada una de ellas y requiere a la compañía para que adopte sin dilación las medidas necesarias para cumplir con las exigencias legales.

En el marco de la investigación realizada, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha constatado que Google recoge y trata ilegítimamente información personal, tanto de los usuarios autenticados (dados de alta en sus servicios) como de los no autenticados, e incluso de quienes son meros “usuarios pasivos” que no han solicitado sus servicios pero acceden a páginas que incluyen elementos gestionados por la compañía sin explicitarlo.

Como consecuencia de ello, la Agencia considera que Google vulnera gravemente el derecho a la protección de los datos personales reconocido a todos los ciudadanos por el artículo 18 de la Constitución Española y regulado en la LOPD.

Las actuaciones de inspección han permitido comprobar que Google recopila información personal a través de casi un centenar de servicios y productos que ofrece en España, sin proporcionar en muchos casos una información adecuada sobre qué datos se recogen, para qué fines se utilizan y sin obtener un consentimiento válido de sus titulares. Así, por ejemplo, no se informa con claridad a los usuarios de Gmail de que se realiza un filtrado del contenido del correo y de los ficheros anexos para insertar publicidad. Cuando se informa, se utiliza una terminología imprecisa, con expresiones genéricas y poco claras que impiden a los usuarios conocer el significado real de lo que se plantea. Es demostrativo que en ocho páginas Google emplea hasta en 30 ocasiones términos como “podremos”, “podrá”, “podrán” o “es posible”. Todo ello, sumado a otras expresiones sumamente ambiguas como “mejorar la experiencia del usuario”, da lugar a una política de privacidad indeterminada y poco clara.

La compañía ha anunciado que tomarán una decisión sobre estas sanciones una vez hayan leído el informe emitido por la AEPD.

FUENTE: https://www.agpd.es

Aumentan los negocios con videovigilancia y las sanciones en proteccion de datos

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Camara videovigilancia

El tratamiento de la imagen de las personas se ha convertido en un elemento permanente de nuestro día a día, incrementándose el uso de cámaras y videocámaras. De hecho, en los tres últimos años, se ha visto duplicado el número de negocios y Administraciones Públicas que han instalado sistemas de videovigilancia con la finalidad de garantizar la seguridad de los bienes y personas, o de igual forma, como herramienta para verificar el cumplimiento por parte del trabajador de sus obligaciones laborales.

Cifras facilitadas por la Agencia Española de Protección de datos señalan que a comienzos de 2009 eran 177 las entidades que contaban con estos sistemas de seguridad, y a fecha 1 de Noviembre de 2013 alcanzaban las 2.235 (2.170 de titularidad privada, y 65 de titularidad pública).

Por sectores, nos encontramos que uno de cada cuatro negocios con videovigilancia es un comercio, un diez por ciento bares y restaurantes, y por último, nos encontramos con las comunidades de propietarios, que han visto incrementada la instalación de cámaras para la vigilancia de sus garajes, portales y zonas comunes en la finca.

El uso de estos sistemas de seguridad debe seguir ciertas normas que rigen todo el proceso desde la captación de las imágenes hasta su posible cancelación. Con la finalidad de adecuar estos tratamientos a la Ley de Protección de datos, se dictó la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

Normativa que en algunos casos se ve vulnerada, colisionando con ello la libertad de las personas, lo que hace aumentar igualmente el número de denuncias ante la AEPD, duplicándose el número de sanciones de cinco a diez en los últimos años.

Si desea tener una mayor información sobre la adecuación y nuestros servicios LOPD relativos a la videovigilancia puede consultar nuestro sitio web http://www.movalen.com/videovigilancia-y-la-proteccion-de-datos.

El sector de las telecomunicaciones y la protección de datos

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AEPD

En menos de un año, la Agencia Española de Protección de datos ha multado en tres ocasiones a la compañía Vodafone España, por dar supuestamente de alta a tres clientes vallisoletanos sin que ninguno de ellos tuviera conocimiento alguno de tener dos, tres y hasta cinco líneas de teléfono contratadas a su nombre, siendo posteriormente incluidos en ficheros de morosos. Por todo ello, se le impuso una multa de 100.000 euros, ya que en ninguno de los casos se consiguió demostrar que se hubiera firmado contrato alguno por parte de los afectados, no constando igualmente grabación alguna al respecto.

No menos llamativo es el caso de un sevillano cuyos datos fueron incluidos igualmente en los ficheros Asnef y Badexcug, a instancias de Telefónica, exigiéndole el abono de una deuda «inexistente». En este caso, la AEPD condenó a la entidad con el pago de una sanción de 50.000 euros, por haber incurrido en una infracción grave.

Por último, en el mes de Junio, conocíamos que la compañía France Telecom (Orange) era sancionada con una multa de 100.000 euros por incluir a un vecino de A Coruña en una lista de morosos, por una supuesta deuda de 320,80 euros, por el alta de dos líneas telefónicas. Como en el primero de los casos, la empresa no pudo aportar prueba alguna de dicha contratación.

¿Cuándo hacer una auditoría en protección de datos?

Entendemos por auditoría en protección de datos la revisión, verificación, y evaluación del grado de cumplimiento de la normativa vigente, según lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, a través de una serie de procedimientos que el profesional auditor debe cumplir para la recopilación de todos los datos e información que precisa, con la finalidad de elaborar el correspondiente Informe y emitir su valoración. Se trata de una herramienta de control y supervisión que permite descubrir fallos en las estructuras o vulnerabilidades existentes en materia LOPD.

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Los principales objetivos de llevar a cabo esta obligación son los de comprobar los procedimientos y controles de seguridad en los sistemas de información, así como la adecuación de las medidas de seguridad implantadas por el auditado, para establecer los posibles riesgos de infracción que puedan derivar en sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de datos.

El aspecto documental resulta de gran importancia a la hora de realizar el procedimiento, ya que constituye la prueba más evidente y objetiva, centrándose principalmente en el Documento de Seguridad (documento interno que debe mantenerse siempre actualizado). También tienen gran relevancia otros elementos documentales, como los registros de incidencias.

La periodicidad mínima con la que se ha de realizar una Auditoría de los sistemas de información, instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos es de 2 años según establece el RDLOPD en su Art. 96.1.

1. A partir del nivel medio los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos se someterán, al menos cada dos años, a una auditoría interna o externa que verifique el cumplimiento del presente título.

No obstante, se establece la obligatoriedad de auditar antes de vencer el plazo bienal cuando se realicen modificaciones sustanciales en el sistema que puedan afectar a la seguridad de los datos.

Como hemos visto sólamente aquéllos ficheros que tienen un nivel medio o alto de seguridad son los que deben someterse a la auditoría, ¿pero qué datos contienen esos ficheros? Según el Art. 81 del RDLOPD

2. Deberán implantarse, además de las medidas de seguridad de nivel básico, las medidas de nivel medio, en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal:

a) Los relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales.
b) Aquellos cuyo funcionamiento se rija por el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
c) Aquellos de los que sean responsables Administraciones tributarias y se relacionen con el ejercicio de sus potestades tributarias.
d) Aquéllos de los que sean responsables las entidades financieras para finalidades relacionadas con la prestación de servicios financieros.
e) Aquéllos de los que sean responsables las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y se relacionen con el ejercicio de sus competencias. De igual modo, aquellos de los que sean responsables las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
f) Aquéllos que contengan un conjunto de datos de carácter personal que ofrezcan una definición de las características o de la personalidad de los ciudadanos y que permitan evaluar determinados aspectos de la personalidad o del comportamiento de los mismos.

3. Además de las medidas de nivel básico y medio, las medidas de nivel alto se aplicarán en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal:

a) Los que se refieran a datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual.
b) Los que contengan o se refieran a datos recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas.
c) Aquéllos que contengan datos derivados de actos de violencia de género.

Si desea tener una mayor información acerca de nuestros servicios de auditoría LOPD puede consultar nuestro enlace http://www.movalen.com/auditoria-y-mantenimiento-lopd.

La Agencia Española de Protección de datos en cifras

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AEPD

El pasado día 29 de Octubre, la Agencia Española de Protección de datos publicó en su web la Memoria 2012, en la cual se recogen los datos y cifras acerca de la actividad del mencionado Organismo el pasado año.

Señalar que los ámbitos que han concentrado un mayor número de denuncias han sido el sector de las telecomunicaciones, las entidades financieras y la videovigilancia. Significativo también es el hecho de que se han incrementado las denuncias por suplantación de identidad, especialmente en el suministro y comercialización de energía y agua (222%) y telecomunicaciones (92%). De hecho, la mayor parte de las sanciones afectan a este último sector.

Por otra parte, cada vez es mayor el número de ciudadanos que acuden a la AEPD solicitando la tutela de derechos, confirmando con ello el interés por ejercitar los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición) acerca del tratamiento de nuestros datos, sobre todo en lo relacionado con historiales clínicos. No obstante, las más destacadas son la relativas al llamado «derecho al olvido«, cada vez más reclamado por los titulares de datos personales (de las 3 solicitudes recibidas en 2007 a las 181 en 2012).

En relación a los procedimientos sancionadores, señalar que de las 896 resoluciones dictadas, 863 fueron a parar al sector privado, de las cuales más del 34% concluyeron en apercibimiento, no imponiendo sanción alguna a las entidades.

El 2012 concluyó con más de tres millones de ficheros inscritos ante el Registro General, siendo menor el crecimiento en los ficheros de titularidad privada, consecuencia probable de la actual crisis económica y la baja tasa de crecimiento en cuanto a la creación de empresas y actividad. Si bien es cierto que existe un mayor grado de concienciación acerca del cumplimiento de la LOPD, ya que en el período 2008-2012 hubo un incremento del 168% de empresas que registraron sus ficheros. La finalidad de los mismos principalmente se concentraron en el «comercio electrónico», «videovigilancia», «gestión de clientes» y «recursos humanos».

Por comunidades, Cataluña es la que registró un mayor número de ficheros de titularidad privada notificados, seguida por Andalucía y Madrid.

En su Memoria, la AEPD plantea los retos que tiene por delante en cuanto a la privacidad, entre los que se encuentran la vigilancia en cuanto a la instalación de las cookies en los sitios web. Hay que recordar que resulta imprescindible informar al usuario y tener su consentimiento previo antes proceder a su descarga en el equipo de los usuarios.

Por último, la redacción del Reglamento Europeo de Protección de datos es otro de los elementos que se incluyen en el documento, cuyo proyecto pretende entre otros aspectos, armonizar la legislación y fortalecer los derechos de los ciudadanos en cuanto al tratamiento y privacidad de sus datos.

Si desea acceder al texto íntegro de la Memoria puede hacerlo a través de la dirección https://www.agpd.es.

Interacciones entre la Ley de Protección de datos y la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, enumera una serie de sujetos obligados a su estricto cumplimiento.

Son muchos los sujetos obligados que deben cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en este amplio elenco, entre otros, tienen cabida las entidades crediticias y aseguradoras, almonedas, joyerías, asesores fiscales, auditores de cuentas, notarios, y aquellos despachos de abogados que realicen operaciones de compra-venta de bienes inmuebles, valores, gestión de fondos, etc…  por cuenta de sus clientes.

De este modo, aunque la denominación de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pudiera parecer muy ajena a determinadas empresas, en el sentido, de que de entrada, parece una materia más bien, reservada para unos perfiles muy definidos de sujetos pasivos, que siempre parecen asociarse a una exposición más directa con actividades de mayor riesgo, por los territorios internacionales en los que operan, (por ejemplo paraísos fiscales), por desarrollar actividades de comercio exterior, potencialmente más expuestas a este tipo de riesgos, etc… lo cierto es que todos los sujetos obligados recogidos en la norma, aunque su volumen de negocio y su dimensión empresarial no sean muy elevados, siempre pueden ser objetivos potenciales de las organizaciones criminales, que pretenden servirse de ellos con la finalidad de blanquear capitales procedentes de actividades ilícitas. Por ello, es necesario adoptar las medidas adecuadas para su prevención.