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Interacciones entre la Ley de Protección de datos y la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, enumera una serie de sujetos obligados a su estricto cumplimiento.

Son muchos los sujetos obligados que deben cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en este amplio elenco, entre otros, tienen cabida las entidades crediticias y aseguradoras, almonedas, joyerías, asesores fiscales, auditores de cuentas, notarios, y aquellos despachos de abogados que realicen operaciones de compra-venta de bienes inmuebles, valores, gestión de fondos, etc…  por cuenta de sus clientes.

De este modo, aunque la denominación de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pudiera parecer muy ajena a determinadas empresas, en el sentido, de que de entrada, parece una materia más bien, reservada para unos perfiles muy definidos de sujetos pasivos, que siempre parecen asociarse a una exposición más directa con actividades de mayor riesgo, por los territorios internacionales en los que operan, (por ejemplo paraísos fiscales), por desarrollar actividades de comercio exterior, potencialmente más expuestas a este tipo de riesgos, etc… lo cierto es que todos los sujetos obligados recogidos en la norma, aunque su volumen de negocio y su dimensión empresarial no sean muy elevados, siempre pueden ser objetivos potenciales de las organizaciones criminales, que pretenden servirse de ellos con la finalidad de blanquear capitales procedentes de actividades ilícitas. Por ello, es necesario adoptar las medidas adecuadas para su prevención.