La videovigilancia en el ámbito laboral

Logotipo videovigilancia

Cartel informativo videovigilancia

En primer término, cabe señalar, que el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores faculta al empresario para adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso. Entre estas medidas puede estar la captación y/o tratamiento de imágenes sin consentimiento.

No obstante, lo expresado en el párrafo precedente, no legitima per se, al empresario para la instalación de cámaras de videovigilancia, es decir, a llevar a cabo un tratamiento de los datos personales de los empleados (imágenes) en el centro de trabajo. Este tratamiento a través de la videovigilancia será posible, aun sin contar con el consentimiento del afectado, siempre y cuando el empresario informe o comunique debidamente a los trabajadores expresamente, la instalación de las mismas, así como su ubicación, y una serie de datos adicionales que deben ser conocidos por el empleado, tal y como reconocía la Sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de junio de 2006. Por tanto, el establecimiento de medidas de vigilancia y control,una vez legítimamente aceptado por el trabajador cumpliendo los requisitos exigidos al empresario pasarán a formar parte de la propia relación laboral.

De este modo, el tratamiento de las imágenes de los empleados se limitará a las finalidades previstas por el Estatuto de los Trabajadores, y/o en todo caso a las finalidades legítimas reconocidas por la normativa vigente, (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre) debiendo cumplir en este último caso adicionalmente las previsiones específicas que sean de aplicación.

Por otro lado, la normativa exige su comunicación a los representantes de los trabajadores, puesto que el artículo 64.1 del Estatuto de los Trabajadores establece que el comité de empresa tiene derecho a ser informado y consultado por el empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, y en el punto 5 que el comité de empresa tiene derecho a emitir informe, con carácter previo a la ejecución por parte del empresario de las decisiones adoptadas por éste, sobre las siguientes cuestiones, entre otras, el apartado f) se refiere a la implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo.

Por tanto el empresario debe respetar de modo riguroso el principio de proporcionalidad, es decir, el empresario podrá adoptar esta medida cuando no exista otra más idónea para conseguir los fines perseguidos de vigilancia y control. En este sentido, el Tribunal Constitucional en Sentencia de 10 de julio de 2000, consideró que la instalación de videovigilancia con la finalidad de control en determinados puestos laborales, era conforme al principio de proporcionalidad.

Sólo se deben captar imágenes en los espacios indispensables para satisfacer las finalidades de control laboral. En este sentido, deben respetarse los derechos específicos de los trabajadores, como por ejemplo, a la intimidad, en relación con espacios vetados a la utilización de este tipo de medios como vestuarios, baños, taquillas o zonas de descanso; o el derecho a la propia imagen de los trabajadores, además de la vida privada en el entorno laboral no registrando en particular las conversaciones privadas. No obstante, existe alguna sentencia dispar en relación con la instalación de cámaras de videovigilancia en zonas de descanso o comedores.

En principio, la captación de audio podría desbordar el principio de proporcionalidad, según señaló el Tribunal Constitucional en su Sentencia 98/2000, considerando que es una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad.

Por tanto el empresario deberá respetar el principio de proporcionalidad, es decir, adoptará la instalación de cámaras cuando no exista otra medida más idónea. Las instalaciones, en caso de utilizarse, se limitarán a los usos estrictamente necesarios captando imágenes en los espacios indispensables para satisfacer las finalidades de control laboral. No podrán utilizarse estos medios para fines distintos de los propios del control laboral salvo que se trate de fines legítimos y se adopten las medidas pertinentes para el cumplimiento de la normativa que les sea de aplicación.

Igualmente el empresario deberá respetar derechos específicos de los trabajadores, tales como el derecho a la intimidad, el derecho fundamental a la protección de datos en relación con espacios vetados a la utilización de este tipo de medios como vestuarios, baños, taquillas o zonas de descanso el derecho a la propia imagen de los trabajadores.

De este modo, resulta importante ofrecer el derecho a la información en la recogida de las imágenes, mediante la existencia de un cartel en modelo oficial anunciador y el impreso establecidos por la Instrucción 1/2006. Igualmente, se deberá cumplir con las obligaciones propias ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Se garantizará la cancelación de las imágenes en un plazo máximo, así como los derechos de acceso y cancelación, resultando discutibles los derechos de rectificación y oposición. En su caso, se suscribirán los correspondientes contratos de acceso a los datos por cuenta de terceros. Y en último término se adoptarán todas aquellas medidas de seguridad que correspondan.

Sobre Mario Duran Gracia

Experto en derecho del Comercio Electrónico. Amplia experiencia LOPD, ENS, y SGSI. Consultor Nuevas Tecnologías de la Información

Mario Duran en Google+

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>